El Gobierno de Mariano Rajoy afrontará la jornada de mañana con la seguridad de que la huelga convocada por los sindicatos caerá en saco roto. El Ejecutivo se posiciona en contra al considerar que su reforma laboral, principal causa para llevar a cabo esta huelga, no es tan mala como asegura los sindicatos. Insiste en que, aunque dolorosa para ciertos sectores, el fin justificará los medios, terminando por beneficiar a la sociedad, desarrollando así nuevos puestos de empleo.
Pero algo pasa por alto Rajoy, y es que ha conseguido que en menos de cien días de mandato, el pueblo le declare una guerra abierta a su reforma laboral, por la que mañana empezará a forjarse el rechazo colectivo. La oposición le ha hecho ver que no irá a ninguna parte con ello, y aunque Moncloa haga caso omiso, no se ha de ceder en el intento y hay que insistir para que abra bien los ojos y contemple la realidad: la de un pueblo engañado por unos políticos que le prometían la salida a la crisis.
Los defensores de la reforma aseguran que permitirá dar trabajo a quienes no tienen. ¿Alguien puede creerse estas mentiras cuando se sigue destruyendo empleo? Hasta los expertos económicos rechazan tales cábalas. No lo anunciaron en su proyecto electoral, y si continúa, las empresas verán cómo el poder les da vía libre para promover el despido barato, recortando los derechos del trabajador. El presidente puede firmar su sentencia de muerte política, y en menos de un año de gobierno.
La Constitución nos avala en su artículo 28, y al igual que en 1988, en el que el pueblo dio un ejemplo de unidad en la huelga del 14 de diciembre, mañana hemos de demostrar al Gobierno, a Europa y a los mercados, que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos. Hay que perseverar y no tolerar esto, porque si lo hacemos nuestros hijos serán los siguientes.
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