Con el cambio político y la llegada al poder del Partido Popular, la actual
Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, reconocida más como Ley del Aborto, tiene sus horas contadas. A finales de año, el ministerio de Justicia de
Alberto Ruiz-Gallardón, ex alcalde de Madrid, finalizará el borrador de la nueva Ley, con el que
dará espaldarazo a la actual, regida con el gobierno socialista.
La actual
Ley Orgánica 2/2010 permitía a las mujeres decidir de forma libre abortar, sin dar razones en las primeras 14 semanas, excluyendo la cláusula de consentimiento paterno desde los 16 años. A pesar de los apoyos obtenidos por el Ejecutivo, su principal oposición seguía recayendo en el Partido Popular.
Durante el período de campaña electoral, el Partido Popular no aclaró si derogaría la Ley del Aborto, aunque alcanzó a decir que promovería “una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas”. Añadió que cambiarían “el modelo de la actual regulación para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Con la premisa de defender la maternidad y la protección del no nacido, la legislación española cambia el ritmo a medidas más restrictivas para abortar.
A finales de enero, Ruiz-Gallardón explicó los
objetivos de su reforma, fijando unos “supuestos” y no unos plazos, como actualmente está estipulado, en los que el aborto está despenalizado, permitiéndose en las medidas que la Ley definitiva proponga. Además de la reducción a casos concretos, se vuelve al consentimiento paterno, exigido para las menores que vayan a abortar. Algo que no sentó bien a asociaciones feministas y proabortistas.
En palabras de Elvira López Portazgo, perteneciente a la Asociación Feminista de Madrid, “es un retroceso de gran escala, ya que cuestiona la capacidad que tenemos las mujeres, y en particular las jóvenes, para tomar decisiones en nuestras vidas”. Nada más salir las declaraciones del ministro, la Asociación denunció la situación y
publicó un manifiesto exponiendo los contras de la medida. Con respecto al asunto del permiso paterno para las menores que quieran abortar, afirma “que ellos no deciden por nosotras. Nosotras somos responsables para tomar las decisiones concernientes a la maternidad, y si les quitan este derecho a las jóvenes de 16 años será perjudicial para ellas”.
El número de abortos en España ha aumentado desde la aprobación de la primera ley en el período de la Democracia, desde los 9 contabilizados por el Ministerio de Sanidad en 1985
hasta los 113.031 de 2010.
Antecedentes históricos en España
Haciendo una
retrospectiva,
Cataluña fue pionera al legalizar el 9 de enero de 1937 el aborto. Aunque quedó paralizado por la Guerra Civil, sentó las bases históricas en España. Este decreto permitía la interrupción del embarazo al tener en cuenta causas terapéuticas, como enfermedades físicas o mentales de la madre que contraindicasen el parto; motivaciones eugenésicas (enfermedades posibles de transmisión), así como razones éticas y sentimentales, tales como rechazo de la madre por el hijo o desvinculación afectiva.
Con el gobierno de Felipe González se sacó la primera Ley del aborto de la Democracia. Tras aprobarse el 5 de julio de 1985, el único artículo que contenía la
Ley Orgánica 9/1985 despenalizaba el aborto en tres supuestos. Para “evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”; por “consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación en las doce primeras semanas de gestación” y, por último, “que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación”. Los tres supuestos, bajo previa revisión médica, no sentaron bien a la oposición del gobierno.
El Código Penal aclaraba que de producirse un aborto fuera de estos supuestos, concurriría pena de prisión para la madre así como para los facultativos, tal como dictaba en 1985 su Título VIII, Capítulo III, artículos 411 a 417 bis.
La Ley del Aborto de 2010
Con el cambio de signo político en 1996, el Partido Popular mantuvo dicha Ley, aunque en la segunda legislatura socialista de
Rodríguez Zapatero, se quiso llevar un paso más allá dicha Ley para igualarla al nivel de varios países de Europa.
Ampliarlo a 14 semanas, siguiendo el modelo establecido en
Alemania,
Francia,
Bélgica o
Rumania; extendiendo a 22 el período cuando el feto tuviera graves malformaciones. Destacan, por una parte, las excepciones contempladas en Europa, como
Irlanda, donde está prohibido por ley desde el siglo XIX;
Liechtenstein,
rechazado por referéndum en 2011;
Polonia, permitido a 12 semanas en caso de incesto o violación y malformación del feto o
Malta, que lo prohíbe en cualquier caso. Por otra parte, hay países que tienen un margen más amplio para abortar, como
Suecia, con 18, y
Gran Bretaña, con 24 semanas.
La ministra de Igualdad en el período socialista,
Bibiana Aído (en la foto superior), defendió el anteproyecto de la reforma afirmando que “en caso de tenerse que interrumpir el embarazo se haga en las mejores condiciones posibles, y que las mujeres tengan el derecho y la autonomía a decidir”. Una de las condiciones más polémicas que trajo fue la mayoría para abortar en los 16 años, cuando la mayoría de edad en España es de 18.
En una entrevista en la Cadena SER, restó importancia a pesar de la “mucha dispersión que produce” y que ha creado polémica en la opinión pública.
De vuelta al tema de la mayoría de edad en los 16
, Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegiada (OMC),
afirmó que la posibilidad de que puedan abortar sin que lo sepan sus padres “fue un motivo de objeción de conciencia, provocando una división en la profesión médica”.
El 7 de marzo de 2010, previo del día internacional de la mujer, unos meses antes de aprobarse la reforma, diversas asociaciones provida salieron a las calles de la capital madrileña para manifestarse bajo el lema “España Vida Sí” en contra de la ley y del aborto. El lunes 5 de julio del mismo año, pese a las oposiciones recibidas, entraba en vigor la nueva
Ley Orgánica 2/2010.
Con el cambio de ciclo político en Moncloa, el nuevo Ejecutivo de
Mariano Rajoy decidió hace pocas semanas dar carpetazo y archivar la Ley del Aborto del período de Rodríguez Zapatero, recuperando, en parte, la norma que regía España en la ‘era de Felipe González’, siendo Ruiz-Gallardón el principal portavoz de dicha reforma. A comienzos de marzo, anunciada ya la intención de reforma del aborto con supuestos y no con plazos, las palabras del ministro crearon polémica en los medios al responder a
la pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez conque las mujeres se ven sometidas “en muchas ocasiones” a una “
violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo”.
El tema de la reforma del aborto sigue siendo delicado para la sociedad española, que cuenta con sus partidarios y detractores, pero que no deja indiferente a nadie.
Ruiz-Gallardón matizaba que su reforma “es progresista”, aclarando que “defender el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la mujer es lo más progresista que se puede hacer en política como en cualquier actividad”.
Con el borrador de dicha reforma preparándose y, posiblemente, terminado en el próximo mes de octubre, las asociaciones
Fundación Mujeres y
Federación de Mujeres Progresistas han advertido que supondrá “un retroceso”, pidiendo que se paralice hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el recurso que tiene pendiente.
Yolanda Besteiro, presidenta de la
Federación de Mujeres Progresistas,
pide que el PP espere para realizarla, “como va a hacer en otras cosas”. Sobre la actual ley, señala que es “respetuosa con los intereses que hay en juego en un aborto”; mirando hacia la nueva reforma, es “un retroceso en los derechos de las mujeres”, y por muy restrictiva que sea, ello “no va a evitar que se produzcan abortos”.
No opina igual Gádor Joya, doctora y coordinadora de la plataforma
Derecho a Vivir quien comentaba que “la nueva ley será mejor que la ley Aído en la medida en que realmente acabe con la barra libre de aborto que se ha dado con la norma del 85 y que se da ahora con la de 2010”.
También comentaba Elisa Sesma, ginecóloga navarra que practicó el primer aborto en la Comunidad Foral en 1985, y por el que fue juzgada junto a dos compañeros de la seguridad social, sobre la actual ley y el proyecto de reforma de Rajoy. Con respecto a la ley del 2010, “da libertad a la mujer para decidir sobre su propio cuerpo”. Sobre el proyecto de reforma y el consentimiento paterno para abortar, dice que “hay muy pocas menores que abortan sin consentimiento paterno. Son tres o cuatro casos aislados. Si la cambian (la ley), se verán perjudicadas las chicas más vulnerables, que no tienen medios personales, humanos, sociales y económicos. Conseguirán que muera alguna cría por haberse sometido a un aborto ilegal”.
